martes, 28 de agosto de 2018

Ignacio Rojo Arias, un morateño testigo y protagonista de la historia (II)

Tras conseguir que la Audiencia Territorial de Madrid revocase la pena de 27 meses de cárcel que se le había impuesto por un delito de injurias y calumnias contra el gobernador civil de Ciudad Real, Rojo Arias continúo con su frenética actividad. Periodismo, abogacía y política ocupaban el tiempo de Ignacio, ya casado con Felisa R. Monroy –con la que tendría dos hijos, Rafael y Consuelo- en una década, la de los años 60 del siglo XIX, que marcaría el futuro de España durante varios años más.


Político destacado en la revolución de 1868
El triunfo de la revolución del 68 coincidió con una de las etapas vitales más intensas de Ignacio Rojo Arias. El movimiento revolucionario, que se había iniciado el 17 de septiembre en Cádiz con la sublevación del almirante Topete, rápidamente se extendió al resto de España donde se formaron varias juntas revolucionarias. Con la victoria el 28 de septiembre, en la localidad cordobesa de Alcolea, del general Serrano frente a las tropas leales a la monarquía isabelina –lo que provocó la salida de Isabel II de España-, se inició un periodo histórico apasionante que dio paso a la llegada al trono de Amadeo I, su abdicación, la proclamación de la I república y el golpe de estado que en 1874 trajo, de nuevo, la restauración monárquica. Todo ello en seis escasos años, los que van de 1868 a 1864.
Figuras militares como el general Serrano, el almirante Topete y Prim, junto a políticos de prestigio como Sagasta o Ruiz Zorrilla, aunque estaban lejos de compartir unánimemente las mismas ideas progresistas, sí que aglutinaron las fuerzas necesarias para que impulsar junto a los movimientos favorables a la república un profundo cambio político que se conocería como sexenio revolucionario. En estos año, Ignacio Rojo Arias participaría activamente y con mucho protagonismo a partir del momento en que los sucesos de septiembre provocaran la caída de Isabel II y se iniciara un auténtico terremoto político que el abogado morateño viviría en primera fila .
Antes de que el 8 de octubre de 1868 se formara el gobierno provisional presidido por el general Serrano, Ignacio Rojo ya había intervenido en varias decisiones políticas importantes. Como miembro de la Junta Provisional Revolucionaria de Madrid, Rojo firmó varios pronunciamientos publicados en el periódico oficial de esos años, La Gaceta de Madrid. El 3 de octubre publica un comunicado de la Junta Provisional de Gobierno invitando a los madrileños a celebrar el triunfo de la revolución:
Madrileños, ayudada por vuestra inteligente cooperación, inspirada en vuestros patrióticos sentimientos, la Junta Revolucionaria de gobierno ha procurado llenar su difícil encargo conservando el orden y la tranquilidad que imperan en Madrid desde que secundasteis con indecible entusiasmo el grito de libertad y regeneración alzado en Cádiz por el Ejército y la Marina. Hoy que la revolución consumada sobre la caída del trono de los Borbones domina en toda España, es llegado el instante de solemnizar tan fausto suceso con una fiesta cívica, cuyo principal ornamento sea el popular regocijo. En el vestíbulo del Palacio de las Cortes, emblema de la Soberanía de la Nación, nos hallareis hoy juntos para saludar el desfile del Ejército y del pueblo fraternalmente unidos. Las revoluciones dinásticas son siempre revoluciones nacionales, y el Ejército y el Pueblo, los españoles todos, anhelan demostrar á la faz de Europa, del mundo, que están interesados en consolidar el triunfo de los derechos individuales a tanto precio reivindicados las libertades públicas definitivamente conquistadas.
Obra de todos los partidos liberales, obra del pueblo, la revolución española debe ostentarse siempre orgullosa del compromiso de honor que ha contraido, y armada de su soberanía.
¡Viva el sufragio universal! ¡Viva el pueblo soberano!
¡Viva el Ejército! ¡Viva la Marina! (…).
Ignacio Rojo, como miembro de la Junta Provisional de Gobierno, firma este manifiesto junto a otros destacados revolucionarios como Pascual Madoz, Estanislao Figueras, Francisco Romero Robledo o José Olozaga.
Dos días después, el 5 de octubre, La Gaceta publicaba otra nota de la Junta Provisional en la que también aparecía la firma de Rojo Arias y en la que se anunciaba la formación de un gobierno provisional presidido por el general Serrano hasta la convocatoria de las cortes constituyentes:
Junta Provisional de Gobierno
Consumada felizmente la gloriosa revolución que se inició en Cádiz, y llegado el caso de organizar la Administración pública, esta Junta Revolucionaria de Madrid encomienda al Capitán general de ejército D. Francisco Serrano, Duque de la Torre, la formación de un Ministerio provisional que se encargue de la gobernación del Estado hasta la reunión de las Cortes Constituyentes (…).
De este Gobierno Provisional, encabezado por el general Serrano, también formaban parte dos figuras políticas muy próximas a Rojo Arias: Ruiz Zorrilla, del Partido Demócrata Radical, y Práxedes Mateo Sagasta, miembro del Partido Liberal y del que, con el paso del tiempo, el político madrileño sería fiel seguidor en el periodo de la Restauración propiciada por Cánovas del Castillo a partir del año 1874.

Imagen de Ignacio Rojo Arias hacia 1870

Rojo Arias elegido diputado por Ciudad Real en las cortes constituyentes
La convocatoria de unas Cortes Constituyentes fue el primer mandato del Gobierno Provisional encabezado por el general Serrano. Hasta la convocatoria de estas elecciones y la formación de las Cortes Constituyentes, anunciadas para comienzos del año 1869, Ignacio Rojo accedió a uno de los muchos cargos políticos que ejercería durante su dilatada trayectoria en las filas de los partidos liberales progresistas y, durante los meses de enero y unas semanas de febrero de 1869, ocupó el Gobierno Civil de la provincia de Cádiz.
Aunque Arias Rojo también había optado al cargo de subsecretario del Ministerio de la gobernación, finalmente se aprobó su nombramiento como gobernador civil de la provincia andaluza, publicado en el diario oficial el 22 de diciembre de 1868.
En su etapa al frente del orden público en Cádiz, el político morateño hubo de afrontar una situación política complicada como representante de un gobierno de carácter moderado, desde la visión de los partidos republicanos, o decididamente revolucionario desde la perspectiva de los partidos conservadores o profundamente reaccionarios como los partidarios del carlismo. Con esta situación de enfrentamiento, Rojo Arias intentó mantener la paz social en toda la provincia de Cádiz en los días previos a las elecciones del 15 de enero. Unos días antes, el día 12 Rojo Arias publicó un edicto recalcando su disposición a mantener el orden en las calles:
Con motivo de haberse alterado momentáneamente el orden en la ciudad de Cádiz, a causa de una falsa alarma, el distinguido gobernador civil don Ignacio Rojo Arias ha publicado el siguiente acertadísimo bando:
(…) En los pocos días que llevo entre vosotros y al frente del mando civil de esta provincia, he procurado daros no más que una idea de las condiciones de mi carácter y de los propósitos que cómo autoridad abrigo.
Una falsa alarma, cuyo origen estoy investigando, ha producido una perturbación, que ni aun por ser momentánea, puedo explicarme en el pueblo de Cádiz.
Hago un llamamiento enérgico a la cordura y al patriotismo de todos sus habitantes.
Me dirijo á los perturbadores, si es que existen y sea la que fuere la clase social a que pertenezcan, para advertirlos que antes de consentir la alteración del orden, estoy resuelto a ir en el castigo hasta el último límite de la ley y de mis facultades.
(…) Cádiz, 12 de enero de 1869. El Gobernador civil Ignacio Rojo Arias.
En este ambiente agitado, no sólo en Cádiz sino en todo el territorio nacional, llegó el día de las elecciones convocadas para el 15 de enero. Ese mismo día, en la primera página de La Iberia, el periódico en el que Rojo Arias había desarrollado la mayor parte de su carrera periodística antes de acceder a las responsabilidades políticas, se publicaba una recomendación explicita a sus lectores a la hora de votar:
La candidatura recomendada por la Junta monárquico-democrática, conforme con la designación hecha por los distritos de Madrid, y la cual deben votar nuestros amigos, es la siguiente:
Don Juan Prim.
Don Manuel Becerra.
Don Francisco Serrano Domínguez.
Don Nicolás María Rivero.
Don Manuel Ruiz Zorrilla.
Don Juan Bautista Topete,
Don Práxedes Mateo Sagasta.
Don José Abascal.
Don Ignacio Rojo Arias. (…) (La Iberia, 15 de enero de 1869)


Certificación del escaño obtenido por Rojo Arias en las Cortes Constituyentes de 1869

Transcurrido un mes de la celebración de las elecciones, el quince de febrero de 1868, Rojo Arias tomaba posesión de su acta como diputado electo por la provincia de Ciudad Real. Recordemos que, a pesar de no ser natural de esta provincia manchega, Ignacio Rojo había desarrollado una importante labor como miembro de la judicatura y de la fiscalía en Ciudad Real durante los años anteriores a la revolución. Además, su polémico proceso por injurias y calumnias a Enrique Cisneros, gobernador civil en esos años, del que ya hemos visto que salió declarado inocente, le dio una popularidad que le fue muy útil en los comicios.
En estas elecciones a Cortes Constituyentes, Rojo Arias formó parte de la coalición Progresista Liberal que, encabezada por Juan Prim, obtuvo una amplia mayoría en todo el territorio nacional con el 67,05 de los votos y 236 diputados del total de 352 parlamentarios que conformaban el pleno de la cámara. El propio político morateño obtuvo unos excelentes resultados con 18.366 votos que le valieron para obtener el acta de diputado. Por este motivo, Rojo Arias, consciente de que no podía compaginar su labor como diputado con la de gobernador civil de Cádiz, presentó su renuncia a este cargo:
Ha llegado o esta corte el ilustre abogado Ignacio Rojo Arias, gobernador civil de Cádiz. El Sr. Rojo, que con su atinado celo y moderación, ha sabido captarse simpatías de los gaditanos, ha presentado a la vez que su acta de diputado en el Congreso, la dimisión al señor ministro de la Gobernación del cargo de gobernador que tan acertadamente le confiara. (La Igualdad, 6 de febrero de 1869).
Ya como diputado en unas Cortes que tenían como objetivo primordial desarrollar una nueva Constitución que acabara con el periodo de interinidad provocado por la revolución que expulsó a Isabel II, Rojo Arias se disponía a afrontar dos años en los que destacó, como veremos, en las filas de los diputados que apoyaban al gobierno provisional. Como responsable del Gobierno Civil de Madrid, Rojo Arias también vivió muy de cerca los trágicos acontecimientos que costaron la vida al general Prim a finales del año 1870.


Fuentes y bibliografía
  • Archivo del Senado. Leg. 389. Nº 4 (2).
  • Archivo del Senado. Leg. 389. Nº 4 (3).
  • Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX. Seoane, María Cruz. Editorial Castalia. Madrid, 1977.
  • Periódicos y publicaciones citados en el texto.



martes, 21 de agosto de 2018

Ignacio Rojo Arias, un morateño testigo y protagonista de la historia (I)

Abogado y periodista fueron sólo algunas de las actividades en las que destacó Ignacio Rojo Arias. Nacido en Morata en el primer tercio del siglo XIX, Rojo Arias fue también un destacado activista político, siempre desde su militancia en partidos progresistas a los que representó como parlamentario tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Destacado miembro de la masonería, una de cuyas logias nacionales llegó a presidir, fue también muy activo en su trabajo como abogado, interviniendo en asuntos tan conocidos como el llamado crimen de la calle Fuencarral. Testigo privilegiado de acontecimientos políticos que marcaron el siglo XIX, como La Gloriosa o el asesinato de Juan Prim, Rojo Arias nunca perdió el contacto con su pueblo natal y no dudó, por ejemplo, en defender gratuitamente a alguno de su vecinos.

Ignacio Rojo Arias nació en Morata de Tajuña el 1 de febrero de 1831* en medio de un agitado periodo político marcado por los meses previos a la muerte de Fernando VII, Ia I guerra carlista y el gobierno de la reina regente María Cristina, madre de la futura Isabel II. El recién nacido era hijo primogénito de Francisco Fructuoso Rojo Fernández de Lara y de Joaquina Arias Oliva. Según su partida de bautismo, fechada un día después de su nacimiento y firmada por Nicolás Lorenzo de Rada, párroco de la iglesia de la Purísima Concepción de Morata, al recién nacido se le impuso el nombre de Ignacio Guillermo y fue apadrinado por Guillermo Ortega y su mujer Ramona Rojo, vecinos de Madrid.
Según esta certificación, conservada en el archivo del Senado y emitida en el año 1872 por el entonces cura párroco de Morata Félix Pérez, los abuelos maternos de Ignacio Guillermo fueron Enrique Arias y María Oliva, ambos naturales y vecinos de Morata en el año del nacimiento de su nieto. Los abuelos paternos, por el contrario no eran naturales de Morata. Miguel Rojo, ya fallecido en la fecha del nacimiento de Ignacio, era natural de la localidad leonesa de Villamañán de Campos, mientras que su abuela paterna, Teresa Fernández de Lara, había nació en la localidad madrileña de Pinto.


Copia de la partida de nacimiento de Ignacio Rojo Arias

Miguel Rojo había llegado a Morata en los últimos años del siglo XVIII para ejercer como administrador del conde de Altamira. Como tal administrador de la Casa de Altamira en Morata, la familia residió en un ala del palacio condal, en la llamada Casa de la Administración, situada en la calle de la Cruz de Orozco esquina a la calle del Ciego. Su padre, con el tiempo, también trabajaría para los condes de Altamira en la provincia de León, concretamente en la localidad de Valderas, donde administraba el patrimonio de los Osorio de Moscoso procedente del marquesado de Astorga.
Ignacio Rojo, que se había trasladado con toda la familia a la provincia de León, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid. Con 22 años y ya licenciado ingresó en la carrera fiscal que ejerció, entre otros lugares, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias.
En el plano personal, la muerte temprana de su padre le convirtió en el principal sostén de sus cinco hermanos, en un tiempo en el que compaginó su labor como abogado con una intensa actividad como periodista en el periódico La Iberia. En este diario de tendencia liberal progresista, surgido al amparo de la revolución de 1854 por iniciativa de Pedro Calvo Asensio, su primer director, practicaría Ignacio Rojo Arias un periodismo combativo, agresivo y polémico que le generaría, como veremos, no pocos problemas con la justicia en los años siguientes. En La Iberia –periódico que también dirigió años más tarde a la muerte de su fundador el que sería con el paso del tiempo jefe de la facción liberal en el periodo de la Restauración canovista, Práxedes Mateo Sagasta-, Ignacio Rojo expuso sus ideas progresistas durante varios años, con un periodo de silencio obligado cuando el poder conservador consiguió la suspensión momentánea del diario, aunque Rojo vería como reaparecía tras el triunfo de la revolución de 1868.

Litografía con la imagen de Ignacio Rojo Arias en 1869

Precisamente, uno de los artículos que Ignacio Rojo Arias publicó en La Iberia en los años previos a la revolución progresista le acarreó un largo proceso judicial del que salió finalmente declarado inocente, aunque en primera instancia fue condenado a 27 meses de cárcel. En el origen de este proceso está la denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias presentada por el gobernador civil de Ciudad Real, Enrique Cisneros, contra Ignacio Rojo, quien en años anteriores había ejercido como teniente-fiscal en la provincia manchega.
La denuncia se basaba en un artículo publicado en el número 2.182 de La Iberia en el que el político y abogado morateño responsabilizaba al gobernador civil de Ciudad Real de realizar, entre otras actividades ilícitas, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, ser participe de la usurpación al Estado de 4.000 fanegas de tierra y de abusar gravemente de su cargo. En la denuncia criminal presentada ante un juzgado de Madrid también se incluía al editor responsable de La Iberia, Inocente Ortiz Casado. Durante la vista, los dos denunciados se ratificaron en sus actos y afirmaciones y confirmaron que los hechos que aparecían en el polémico artículo de Rojo Arias eran ciertos.
En la sentencia hecha pública el 16 de noviembre de 1862 se condenaba a Rojo Arias a la pena de 27 meses de cárcel como autor convicto y confeso de los delitos de calumnia e injurias graves cometidas por escrito y con publicidad. En la misma sentencia se declaró inocente de los cargos presentados contra él a Inocente Ortiz.
Días después, en la edición de La Iberia del 20 de noviembre, los compañeros de Rojo Arias criticaban la decisión de la Justicia y afirmaban no comprender la sentencia condenatoria que ha recaído contra nuestro amigo. No analizaremos la sentencia, ni en su parte de exposición, ni en la dispositiva, ni compararemos si hay o no relación entre ambas. El señor Rojo lo hará con su acostumbrada lucidez en su día ante el Tribunal Superior. (La Iberia, 20 de noviembre de 1862).
Como afirmaban sus compañeros del periódico, Ignacio Rojo lógicamente presentó recurso contra la sentencia condenatoria ante instancias superiores. En el recurso se ratificó en la certeza de sus denuncias contra el gobernador civil publicadas en el artículo aparecido en La Iberia el 18 de mayo de 1861 y afirmó que como autor del artículo denunciado excuso no contener dicho artículo ninguna imputación calumniosa, ni injuria a nadie, y que los hechos contenidos eran completamente ciertos en todas sus partes.
Tras analizar tanto el recurso del político morateño como las alegaciones del gobernador civil de Ciudad Real en uno de los considerandos previos a la sentencia definitiva se señala que de la prueba aducida resulta la verdad de las afirmaciones hechas en el periódico La Iberia. Con estos y otros argumentos la Audiencia Territorial absolvió a Ignacio Rojo Arias de los delitos de injurias y calumnias en una sentencia que se hizo pública el 27 de noviembre de 1863.
Al comentar el fallo que absolvía a su compañero de la dura sentencia inicial, el periódico La Iberia indicaba:
(…) Esto indemniza al señor Rojo Arias de todos los perjuicios y quebrantos sufridos, y si a esta solemne declaración se agrega el afecto y general simpatía de la opinión pública, que ha seguido paso a paso este largo proceso, apreciando las dotes del señor Rojo Arias como hombre digno y enérgico, y como abogado distinguido, que ha hecho en todas las instancias su propia defensa, le felicitamos por las por las persecuciones de que ha sido objeto (…). (La Iberia, 3 de diciembre de 1863).
Tras evitar su paso por la cárcel y anular las penas accesorias de la condena inicial, Ignacio Rojo continúo con su actividad periodística y profesional como abogado pero, eso sí, sin olvidar su compromiso político. Se avecinaban años apasionantes en la política española, justo en los meses previos y siguientes a la caída de la monarquía encarnada en la figura de Isabel II, un periodo que daría paso al sexenio revolucionario del que Rojo Arias sería cronista, espectador privilegiado y protagonista de muchos de sus episodios más relevantes.

*Aunque en algunas fuentes aparece como fecha de nacimiento de Ignacio Rojo Arias el año 1832, hemos decidido optar por el año 1831 por ser el que aparece en su partida de bautismo.


Fuentes y bibliografía
  • Archivo del Senado. Leg. 389. Nº 4 (2).
  • Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX. Seoane, María Cruz. Editorial Castalia. Madrid, 1977.
  • Periódicos y publicaciones citados en el texto.


miércoles, 15 de agosto de 2018

Venta y dispersión del archivo de la Casa de Altamira (II)

Según el documento que publicamos y trascribimos la pasada semana, en el que se detallaba la enajenación de distintas propiedades de la casa de Altamira (libros, armaduras medievales, manuscritos y la práctica totalidad del archivo condal), estas ventas afectaron directamente al patrimonio documental que recogía la relación de los condes de Altamira y sus antecesores, los marqueses de Leganés, con Morata.
Con toda seguridad, entre esas 1.057 arrobas de legajos y documentos expoliados del archivo habría innumerables documentos que tratarían sobre la presencia en Morata no sólo de los condes de Altamira sino, también, de los marqueses de Leganés, sus antecesores en el señorío de Morata y de otros pueblos vecinos como Perales. Unos 250 años de historia del señorío de los que sólo han llegado hasta nosotros los legajos que, por fortuna, aún se conservan en la sección de Nobleza del AHN y, también, otro grupo de documentos que, como veremos, pasaron a formar parte de otros archivos, públicos o privados.
Respecto al grueso del archivo condal, el que formaba parte de esas más de 1.000 arrobas de documentos, adquiridas al peso por el librero Perera, su venta propició momentos grotescos como la reventa de parte de estos legajos antiguos a diversos tenderos de la capital para su utilización como papel de envolver en pescaderías, carnicerías y otros establecimientos de venta al público
Sobre este parte tan importante de la historia de España y de muchas de sus villas y ciudades, acumulada durante siglos en los legajos que a partir de entonces se utilizaron para envolver pescados o fruta, se cuentan situaciones curiosas pero muy tristes a la vez, ya que expresan el desprecio por el patrimonio cultural de los responsables de la venta del archivo.
Según se cuenta, una de estas anécdotas tuvo como protagonista al conde de Valencia de Don Juan. Juan de Krooke y Navarrot, conde consorte, supo de la existencia de estos documentos con cientos de años de historia cuando reconoció en un gancho situado junto a un retrete una carta autógrafa del Gran Capitán. La presencia de este y otros documentos ajenos a la Casa de Altamira entre las más de mil arrobas vendidas como papeles inservibles dan fe de la importancia del patrimonio que se perdió en esta almoneda.
Por fortuna, alguno de estos legajos, procedentes de los archivos de familias de las nobleza como el conde duque de Olivares, el ducado de Sessa y, por supuesto los muchos títulos atesorados por la Casa de Altamira (Astorga, Almazán, Poza…, etc), se recuperaron o no entraron en la venta al peso al librero Perera y fueron adquiridos, por la familia Zabálburu, el propio conde de Valencia de Don Juan y otros particulares que permitieron su conservación, aunque en algunos casos, estas ventas significaron la salida para siempre de este patrimonio documental de España con destino a países como Suiza, Estados Unidos o Reino Unido.
Instituciones en las que se puede consultar parte del archivo Altamira
  • Biblioteca Francisco Zabalburu:
Juan Domingo Zabalburu adquirió varios manuscritos procedentes de la Casa de Altamira por medio de Francisco Sancho Rayón, bibliotecario del Congreso de los Diputados y relacionado también con los Osorio de Moscoso. La adquisición de los legajos del archivo se produjo como pago a las deudas que la Casa de Altamira mantenía con él, por lo que recibió varios manuscritos, en concreto 522 carpetas de legajos. Esta manera de saldar deudas por parte de los herederos del XIV conde de Altamira no era extraña en estos años: recordemos que el palacio de Morata también pasó a pertenecer al marqués de Tornero en pago de las dudas que los condes de Altamira mantenían desde hacía décadas con la familia Caballlero
Estos manuscritos pasaron posteriormente a los hermanos Mariano y Francisco Zabalburu que los incluyeron en los fondos de su magnífica biblioteca, localizada en la actualidad en la calle Marqués del Duero de Madrid. Entre estos fondos se encuentran correspondencia y manuscritos de los Reyes Católicos, El Gran Capitán
  • Instituto de Valencia de Don Juan.
Como ya hemos indicado, Juan de Crooke y Navarrot, conde consorte de Valencia de Don Juan, también adquirió un importante lote procedente del archivo condal de la Casa de Altamira entre los años 1869 y 1871. Parte de estos documentos los compró el conde consorte en la almoneda que reseñamos la pasada semana, en la que adquirió, por 25.000 reales 61 legajos. Otra parte importante del archivo llegó a sus manos al adquirir parte los papeles vendidos al peso al librero Perea como ya hemos reseñado, y que, este a su vez, vendiera a un tendero de la calle Mayor de Madrid. Juan de Crooke pagó 30.000 reales más por esta nueva partida de documentos que, además de pasar a formar parte en los siguientes años de los fondos del Instituto de Valencia de Don Juan, también surtieron a otras instituciones culturales como el British Museum. Tras estas adquisiciones, el conde aún compraría seis nuevos legajos en 1872 a la testamentaría del conde de Altamira.
El Instituto de Valencia de Don Juan, donde actualmente se conservan estos fondos procedentes del archivo Altamira, se creó en 1916 y está situado en la calle Fortuny de Madrid.
  • British Library
Parte de los papeles que adquiriera el conde de Valencia de Don Juan tras encontrar su pista en unmretrete terminaron en Inglaterra, concretamente en el British Museum. En el año 1870 se vendieron a esta institución, entre otros escritos, cartas originales de Felipe II, de su secretario Antonio Pérez o de Juan de Austria. En posteriores ventas –hasta cuatro envíos se realizaron desde España al Reino Unido-, del antiguo archivo de Altamira salieron nuevos legajos con más documentos de los reinados de Felipe II y Felipe III.
  • Hispanic Society of América
En esta institución cultural se conservan parte de los papeles que habían pertenecido a Sancho Rayón, el mismo personaje que ya había intervenido en la venta de varios legajos del archivo a la familia Zabalburu. y que este vendió al marqués de Jerez de los Caballeros, Manuel Pérez de Guzmán. Este aristócrata adquirió la biblioteca y parte de los 3.000 documentos en poder de Rayón. Posteriormente el marqués de Jerez vendió este patrimonio y su propia biblioteca al mecenas estadounidense Archer Milton Huntington, creador de la Hispanic Society of América. Este mecenas, auténtico apasionado por la cultura española, ya poseía una imponente de colección de libros antiguos españoles, unos 18.000 ejemplares, cuando adquirió el lote procedente de la colección de Pérez Guzmán, valorada en 592.000 francos. Entre los documentos adquiridos por Huntington procedentes del archivo Altamira hay importantes manuscritos procedentes del reinado de Felipe II.

Documento en el que el conde de Altamira nombra a Pablo Chapuy bibliotecario de su casa
  • Biblioteca Pública Universitaria de Ginebra. Fondos Édouard Favre
Por último, otra destacada institución cultural localizada fuera de España se hizo con una porción de lo que fuera el archivo condal de la Casa de Altamira: la Biblioteca Pública Universitaria de Ginebra donde se conservan estos documentos conocidos como Fondo Édouard Favre. Estos papeles del archivo Altamira llegaron hasta Suiza por la intervención de Pablo Chapuy, cónsul de su país en España y, también, bibliotecario de los Osorio de Moscoso.
Pablo Chapuy, que también trabajó como ayo del entonces primogénito de la familia, José María Osorio de Moscoso, ejerció como bibliotecario de la Casa de Altamira desde 1844, año en el que el XVI conde de Altamira, Vicente Pío Osorio de Moscoso, decidió su nombramiento:
Deseando dar una prueba de mi aprecio y de lo gratos que me han sido los buenos servicios del señor Pablo Chapuy, desde que le encargué la educación de mi muy caro hijo primogénito, hace ya cerca de diez años, y atendidos sus conocimientos e instrucción, vengo en nombrarle bibliotecario de la de mi casa con el sueldo anual de 8.000 reales de vellón y los emolumentos de casa, mesas y demás que actualmente disfruta (…).
Madrid, 1 de enero de 1844 (Archivo Histórico de la Nobleza, BAENA, C.228, D.237-242.)
La importancia de esta colección de unos 10.000 documentos que adquirió Chapuy se basa en que, a diferencia de las otras instituciones que cuentan con fondos del archivo condal, en este caso la totalidad de la colección procede sólo y exclusivamente de la Casa de Altamira. Aún en vida, Pablo Chapuy intento vender estos fondos al duque de Aumale, que declinó la oferta. A la muerte del antiguo bibliotecario de los condes de Altamira, su familia puso de nuevo en venta la colección que fue adquirida por Édouard Favré quien a su vez la donó, en 1907, a la Universidad Pública de Ginebra, donde actualmente todavía se conservan estos fondos.
Los documentos adquiridos por Édouard Favré a los herederos de Pablo Chapuy fueron catalogados por el archivero y paleógrafo francés Leopold Micheli y publicados en varias entregas por el Bulletín Hispánique. Posteriormente, el conjunto del trabajo del archivero se editó por parte de la compañía Feret&Fils Editeurs en 1914: Bibliltheque Publique et Universitaire de Genève. Inventaire de la Collection Édouard Favre (Archives de la Maison d´Altamira, par Leopold Micheli.
Gracias a este catálogo podemos acceder a la riqueza de este fondo documental que contiene, según los especialistas, poemas de la mejor época de la literatura española, muchos de ellos manuscritos y, por lo tanto, únicos y prácticamente desconocidos.
Abraham Madroñal ha estudiado este conjunto documental conservado en Suiza que consta de textos poéticos impresos y manuscritos de carácter religioso, político y teatral, entre otras temáticas. Analizando el catálogo, en el volumen 79 y en el apartado de poesía manuscrita aparece con el número 50 un poema de autor desconocido que se inicia con el verso En años tan deseados (Fol.389) y que trata sobre la villa de Morata, señorío de los condes de Altamira en el siglo XVIII en el que está fechado el poema.
Por otra parte, en el volumen 80 de la colección, en el número 22, folios 119 al 127, se hace una descripción de las fiestas que los vecinos de la villa de Morata celebraron en obsequio del Excmo. Sr. Marqués de Astorga (Siglo XVIII). En el folio inicial se incluye una poesía que se inicia con el verso:
La villa de Morata esclarecida (…).
No deja de ser curioso como el patrimonio documental acumulado durante siglos por los Altamira y otras familias nobles emparentadas con la casa condal, ha tenido un final parecido al que sufrió la colección pictórica que iniciara el marqués de Leganés en el siglo XVII. Como sucediera con las pinturas del I marqués de Leganés, cuando la ruina económica de la familia en los comienzos del siglo XIX propicio su venta y la dispersión de una colección que superaba con creces las 2.000 pinturas de los mejores artistas, el archivo también se malvendió y dispersó sin que nadie pusiera coto a la salida del país de estos documentos. Hoy, más de un siglo después, es posible admirar muchas de estas pinturas y analizar muchos de estos documentos del archivo Altamira en los más importantes museos, archivos y bibliotecas de España y de otros países europeos y americanos, aunque también es verdad que muchos de estos fondos se perdieron para siempre.

Fuentes y bibliografía
  • Archivo Histórico de la Nobleza, BAENA, C.291, D.1-12.
  • Archivo Histórico de la Nobleza, BAENA, C.228, D.237-242.
  • El parnaso de Cervantes y otros parnasos. Madroñal, Abrahan y Mara Induráin, Carlos. Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA). Colección Baihoja. Nueva York,2017.
  • Bibliotheque Publique et Universitaire de Genéve. Inventaire de la Collection Édouard Favre (Archives de la maison d´Altamira). Micheli, Leopold. Feret&Fils editeurs. Burdeos, 1914.
  • Poesías desconocidas del Siglo de Oro recuperadas de la Biblioteca de Ginebra. Madroñal, Abraham. Sociedad Suiza de Estudios hispánicos. Lausanne, 2016.
  • Periódicos y publicaciones citados en el texto.


martes, 7 de agosto de 2018

Venta y dispersión del archivo de la Casa de Altamira (I)

Como hemos visto en muchas de las entregas de este blog, la presencia de los marqueses de Leganés y, posteriormente, de los condes de Altamira ha condicionado muchos aspectos de la historia de Morata. Para conocer esta parte de nuestro pasado, la documentación que se generó a lo largo de casi tres siglos resulta fundamental pues, no en vano, tanto los marqueses de Leganés como los condes de Altamira, además de poseer un importante patrimonio rústico y urbano, ejercían unos derechos señoriales que les permitían, entre otras muchas prerrogativas, nombrar alcaldes y escribanos o cobrar parte de muchos de los impuestos municipales.
Lamentablemente, esta documentación en forma de legajos y manuscritos de toda índole no ha llegado hasta nosotros en su totalidad. Aunque algunos de estos manuscritos se han conservado en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza, no es menos cierto que una parte muy importante de estos documentos, imposible de cuantificar, se ha perdido para siempre mientras que otro elevado porcentaje se mantiene disperso desde que, tras la muerte en 1869 del XIV conde de Altamira, Vicente Pío Osorio de Moscoso, sus herederos propiciaran la venta indiscriminada de este importantísimo patrimonio documental que incluía entre sus fondos una parte importante de la historia de Morata.
1869, año del expolio, venta y dispersión del archivo de la Casa de Altamira
No han sido pocas las ocasiones en que en este blog hemos tratado acontecimientos históricos de las casas de Leganés y Altamira en su relación con la villa de Morata. Muchas de estas entregas han tratado sobre el momento en que los problemas económicos de los condes de Altamira provocaron la venta y dispersión del ingente patrimonio que la casa condal poseía en Morata desde la llegada a la villa en el primer tercio del siglo XVII de sus antepasados los marqueses de Leganés.
Estas dificultades económicas, que se manifestaron en toda su crudeza al finalizar la guerra de la Independencia, obligaron a que Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, XIII conde de Altamira, iniciara la enajenación y venta del patrimonio acumulado por sus antepasados. Estas enajenaciones culminarían muchos años después, en lo que a Morata se refiere, con la venta, hacia finales de 1876, de las últimas fincas rústicas y del palacio condal construido en el primer tercio del siglo XVII en la plaza de la Iglesia.
Unos años antes, concretamente en 1869, se llevaría cabo la venta del archivo condal, junto a otras propiedades como los restos de la importantísima biblioteca de la casa o la colección de armaduras acumulada a lo largo de varios siglos. Aunque su valor económico era relativamente poco importante, sobre todo si se compara con el resto de los recursos patrimoniales de los condes de Altamira, la venta del archivo significó, de alguna forma, el punto y final de todo el proceso de su decadencia ya que, después de todo, en esos papeles estaban registrados todos los avatares no solo de esta familia de la nobleza española sino también de las villas y ciudades en las que ejercieron su poderosa influencia durante varios siglos.
Paradójicamente, las condiciones y circunstancias que propiciaron la venta del archivo si que se han conservado en un documento conservado en el AHN, sección Nobleza:
Casa del Excmo. Sr. Conde de Altamira
Año de 1869
Estado 2º negociado
Administración central
Objeto
Sobreventa de las armaduras de combate, de libros, manuscritos antiguos y papel viejo correspondientes a esta testamentaria
Año de 1869
Administración central
Por acuerdo de los Excmos. Sres. Herederos de la testamentaria del Excmo. Sr. Conde de Altamira (q.e.p.d.) D. Vicente Pío , (…) de julio de dicho año y con aprobación de los Sres. Representantes de los mismos D. Valeriano Casanueva, D. Francisco de Paula Lobo y D. Juan de la Concha Castañeda se dispuso que el Sr. D. Juan Salmón, administrador general de la misma procediese a la venta de las armaduras de combate, de las librerías, manuscritos antiguos y papel viejo correspondientes a la referida testamentaría para con su producto atender a las obligaciones que pesan sobre ella por diferentes conceptos, habiendo tenido presente para esta determinación que tanto de unos como de otros objetos sólo quedaban restos incompletos debido a que hacía muchos años habían sido ya extraídos de la Casa-Palacio, unos con autorización y otros sin ella, y no ser ya por esta razón de interés el conservarlos y mucho menos estando una gran parte de todos ellos inutilizados por la polilla o por la humedad u otras causas, especialmente desde que la invasión francesa de este siglo secuestró, llevó y destrozó de estos y otros objetos lo que tuvo por más conveniente.
Con este motivo se dio publicidad a la venta y después de varios tratos con diferentes personas sobre unos y otros enseres se dio principio a la venta de ellos del modo siguiente:
En 11 de septiembre de 1869 se vendió la librería (…). 70.000 reales.
En 23 de septiembre del mismo mes y año previas las diligencias de corredores se vendieron 1057 arrobas de papel viejo a 8 ½ reales la arroba al librero Perera en 8.984,50 reales.
En 30 de octubre siguiente después de haber sido vistas, conocidas y examinadas por diferentes personas ya nacionales ya extranjeras, las armaduras de combate que se conservaban en la Casa se vendieron las 10 que había pero que ninguna estaba completa, al marqués de la Vega de Armijo a quien se prefirió en 20.000 reales.
En 5 de enero de 1870 después de vistos por diferentes personas aficionadas a manuscritos antiguos, los que se le presentaron al objeto que fueron 61 legajos y una Biblia, fue preferido para la venta de ellos, porque ofrecía mayor cantidad, el señor conde de Valencia de Don Juan y fue la suma de 25.000 reales.
En 7 del mismo mes y año se vendió a D. Luis Madrazo una comedia de Lope de Vega y entre otros papeles la copia antigua del tratado de cetrería de Lope de Ayala en 4.500 reales.
En 12 de febrero siguientes se vendieron a D. Mariano Zabalburu diferentes manuscritos en 20.000 reales.
En 16 del mismo mes y año se vendieron a D. Luis Madrazo 3 tomos de la correspondencia particular de Lope de Vega con el duque de Sessa en 5.000 reales.
En 4 de marzo de vendieron al referido Sr. Conde de Valencia 18 legajos de manuscritos antiguos en 10.000 reales.
En 12 de mayo siguiente se vendieron al indicado D. Mariano Zabalburu diferentes manuscritos antiguos en 20.000 reales. (…)
Archivo Histórico de la Nobleza, BAENA, C.291, D.1-12

Documento que recoge la venta del archivo de la Casa de Altamira y otros bienes

El total de las ventas que se detallan en este manuscrito del archivo del conde de Altamira asciende a un total de 183.458 reales, una cantidad ridícula en comparación con la deuda que acumulaban los herederos de Vicente Pío Osorio de Moscoso, fallecido en 1864 y XIV conde de Altamira.

Fuentes y bibliografía
  • Archivo Histórico de la Nobleza, BAENA, C.291, D.1-12
  • El parnaso de Cervantes y otros parnasos. Madroñal, Abrahan y Mara Induráin, Carlos. Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA). Colección Baihoja. Nueva York,2017.
  • Bibliotheque Publique et Universitaire de Genéve. Inventaire de la Collection Édouard Favre (Archives de la maison d´Altamira). Micheli, Leopold. Feret&Fils editeurs. Burdeos, 1914.
  • Poesías desconocidas del Siglo de Oro recuperadas de la Biblioteca de Ginebra. Madroñal, Abraham. Sociedad Suiza de Estudios hispánicos. Lausanne, 2016.
  • Periódicos y publicaciones citados en el texto