En el fondo de la denuncia, subyace el conflicto por los derechos señoriales
Pleito contra la administración del Concejo
En 1815 cuatro vecinos de Morata se dirigen a la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte -órgano judicial superior de la época- para solicitar el
nombramiento de un alcalde mayor y la revocación del escribano del concejo.
Para justificar su petición relatan lo que consideran una situación de
corrupción en la administración de la justicia municipal y responsabilizan de
la situación al escribano del concejo, Ramón García Nieto.
La institución de la Alcaldía Mayor, como administradora de
Justicia en primera instancia estaba ligada desde 1734 al señorío que ejercía
el marqués de Leganés-posteriormente de Altamira- en la villa. De hecho, el
primer alcalde mayor del que hay constancia es Cristóbal de Salcedo, que
empieza a ejercer en 1.734, el año en que el marqués de Leganés toma posesión
del señorío de Morata y, como tal señor, empieza a detentar, entre otros
derechos, la jurisdicción de la justicia civil y criminal y el derecho a
nombrar alcalde mayor y escribano del concejo. Frente a este poder señorial, el
concejo también contaba, aunque a un nivel inferior en su rango a la hora de
administrar justicia, con los alcaldes ordinarios, cargos que en 1.815
ostentaban Pedro Salcedo Fominaya, por el estado noble, y Tomás González, por
el estado del común.
Por aquel año de 1815 no debían de estar muy conformes con la
administración de estos derechos señoriales, al menos, una parte importante de
los vecinos de Morata representada por los cuatro denunciantes. Aunque en el
escrito de denuncia no se nombra directamente al alcalde mayor, de hecho, se
solicita el nombramiento de uno nuevo, se supone que al margen del poder de
decisión del conde de Altamira. En esta época, en Morata y en el resto de
España, los derechos señoriales, que habían sido abolidos por la Constitución
de Cádiz y restaurados por el rey Felipe VII, generaron numerosos pleitos entre
las villas y la nobleza señorial. En Morata, dos años después, en 1817, se
inició pleito con el conde de Altamira para recuperar los derechos de medida
que ostentaba el conde y que, lógicamente, significaban un gasto
para los cosecheros de vino, trigo y otros cultivos del campo morateño.
Pero en 1815, las protestas de una parte del
vecindario, se referían a la situación de desgobierno que, según los
denunciantes, se producía en la villa: robos y agresiones a mujeres solteras,
son algunas de las denuncias, pero también serias acusaciones de nepotismo en
el nombramiento de cargos públicos, falsificaciones y suplantaciones de firmas
que, en conjunto, originaron hasta un motín, el 28 de mayo de 1.815, de acuerdo
con el texto de la denuncia remitida a la Sala de alcaldes de Madrid.
Los denunciantes también hacen alusión a la actitud del
escribano y sus acólitos respecto al médico titular de la villa y al boticario.
Respecto al primero, en el escrito se señalan agresiones, acusaciones de
ineptitud para el ejercicio de su profesión médica y hasta la vergüenza de
arrojarlo a un pilón por parte de sus detractores. En cuanto al segundo, el
boticario, en la denuncia se señala que hubo de abandonar el pueblo a causa de
los desórdenes que con su familia han ejecutado …
Frente a esta situación de enfrentamiento, uno de los vecinos
que se puso en contra de la actuación del escribano del señorío, es el
escribano real, José Aparicio, quien denunció que ni siquiera se daban curso a
las órdenes que llegaban al concejo, entre ellas las que mandaban rendir
cuentas de los años anteriores.
Para hacer frente a esta situación de enfrentamiento, en la Sala
de Alcaldes de Casa y Corte se decidió que testigos imparciales y de
probidad, como se señala en el expediente, aportaran su testimonio para dirimir
el pleito. Vana intención, pues tal como consta en el legajo, el alcalde de Arganda,
al que recurrió la Sala declinó muy diplomáticamente pronunciarse sobre el
enfrentamiento que se estaba produciendo en Morata, mientras que del cura párroco
de la iglesia de Morata se ignora cuál fue su testimonio, sencillamente porque
no aparece en el legajo de un expediente que tampoco recoge sentencia alguna
respecto a la denuncia que lo originó. De hecho, el alcalde mayor Joseph Zagle
y Velarde*, que ocupaba el cargo desde 1802, siguió en el mismo hasta 1817, año
en el que le sustituyó Antonio Evaristo de Haro, quién sería el último en
ocupar este cargo de alcalde mayor antes de su abolición. El escribano acusado
de fomentar la banderías y de despreciar la justicia, Ramón García Nieto,
también conservo su puesto hasta 1822, en que fue sustituido por Pedro
Fominaya, con lo que es de suponer que la denuncia no consiguió el objetivo de
retirarle del cargo municipal. Mientras tanto, las prerrogativas del señorío
continuaron en vigor, bien es cierto que cada vez con menos poder de decisión
hasta su definitiva abolición en 1837.
*Los datos de los nombres de los escribanos y los alcaldes
mayores se han obtenido del libro Historia
de la villa de Morata de Tajuña-Torre Briceño, Jesús Antonio de
la-Ayuntamiento de Morata de Tajuña-Madrid, 1990
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